El pasado martes y en su última sesión antes de las elecciones del 9 de junio, el Parlamento Europeo (PE) rechazó por 490 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones la retirada de Gibraltar de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales, nómina en la que también permanecen Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda. La Eurocámara rechazaba así la propuesta realizada por la Comisión Europea (CE) bajo el argumento, entre otros, de que la colonia británica “carece de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusión de las sanciones impuestas a Rusia”.

Esta decisión representa una seria y dura advertencia para los negociadores europeos del tratado sobre Gibraltar, un texto llamado a regular la futura integración formal y ad hoc de ese territorio británico en el espacio Schengen tras el Brexit. Dado que el PE que salga de las urnas deberá ratificar (o no) la aprobación de dicho tratado, es especialmente significativo que una amplísima mayoría de sus actuales miembros –pertenecientes a todo el arco ideológico– mantenga sus dudas sobre el control del blanqueo del dinero negro por parte de las autoridades del Peñón y, particularmente, su sospecha de que Rusia esté usando el entramado financiero llanito para eludir las sanciones impuestas a consecuencia de la invasión de Ucrania.

La reserva con la que la CE y el gobierno de Reino Unido están llevando a cabo las negociaciones para cerrar un acuerdo –con especial protagonismo de las delegaciones de España y de Gibraltar– no ayudan a que se disipen las dudas expresadas por el PE sobre la voluntad real del Peñón para plantarse ante regímenes deleznables como el de Putin o combatir el crimen organizado. La apertura total de la Verja que separa la colonia de La Línea de la Concepción sigue sin fecha e, incluso, puede que ahora esté más en el aire que nunca. En buena medida dependerá de los resultados de los comicios europeos.