El Gobierno central está ultimando una ley que frene la proliferación de universidades privadas que espera que sea de aplicación para el próxima curso. La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha justificado la reforma legal para reconducir un "modelo educativo de privatización de la educación" que impulsan algunas comunidades autónomas. La Junta de Andalucía con el PP al frente ha dado curso a cuatro centros de iniciativa privada. 

"Tenemos que poner freno a ese modelo educativo de privatización de la educación" impulsado por las comunidades autónomas, subraya la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, quien propone el debate de la causa por la que están proliferando los centros privados "al mismo tiempo que se maltrata a las públicas".

El Ministerio constituyó hace días un grupo de trabajo para acordar las medidas y las exigencias para la creación de nuevos centros universitarios con el fin de endurecer sus criterios de calidad y, posteriormente, modificar el real decreto aprobado en 2021 por el que se regula la materia. "Se aprobará antes del verano y queremos que para el próximo curso tengamos ya esa capacidad de planificación de las universidades", subraya Morant.

En los últimos 25 años, las universidades privadas han triplicado su número en España y casi ha cuadriplicado las matrículas de los estudiantes, mientras la oferta de la pública se mantiene estable. Morant destaca que la universidad pública garantiza el ascensor social y que no se la puede obligar a competir "si no tiene una igualdad de condiciones, pues no está bien financiada por las administraciones", mientras que "en muchas ocasiones" da la sensación de que hay universidades privadas "que vienen a ser básicamente empresas de expedición de títulos".

A lo largo de la legislatura y media en la que el PP ha tomado las riendas de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a cuatro universidades privadas, decisiones que han recibido no pocas críticas de la oposición. Se trata de las universidades CEU Fernando III y Tecnológica-Mediterránea (Utamed), en primera instancia, y la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, cuyos proyectos de ley de reconocimiento serán debatidos en el Parlamento la próxima semana. 

Es necesario debatir, apunta la ministra, "qué podemos hacer para mantener la calidad -de los centros públicos- y, sobre todo, para advertir a quienes, por una cuestión ideológica, están privatizando a costa del maltrato de la pública, de que no lo van a tener tan fácil, de que no van a poder permitir la proliferación de universidades privadas en detrimento de las públicas si no hay unos criterios de calidad".

Morant añade que "en las comunidades autónomas muchas veces desoyen los criterios desfavorables que emite el Ministerio y siguen adelante con esos planes de creación de las privadas; entonces, de repente, no hay financiación para grados en la pública pero aparecen esos grados en la privada".