El proceso electoral en suspenso desde hace siete meses para elegir a los representantes sindicales de los 180 miembros del personal laboral municipal de Algeciras tendrá que volver a celebrarse con el censo electoral en el que se incluye al profesorado de la Escuela Sánchez-Verdú, que el Ayuntamiento intentó sacar fuera de plazo a instancias de la UGT. 

El magistrado Daniel Vicente Pérez, titular del Juzgado de lo Social nº 2 de Algeciras, ha ratificado la invalidez del proceso ya dictaminada  el 18 de julio de 2023 por un laudo arbitral emitido tras una impugnación de CCOO.

UGT y el Ayuntamiento presentaron una demanda contra esa laudo arbitral que ahora ha sido desestimada.   

Según se lee en la sentencia existieron "un cúmulo de irregularidades por parte de los participantes en el proceso electoral". Para empezar, el delegado sindical de UGT erró al pedir al Ayuntamiento la salida del censo de los profesores de la Sánchez Verdú, en lugar de hacerlo ante la Mesa Electoral cuando la lista era provisional. En segundo lugar, el propio Ayuntamiento cometió una anomalía cuando, a pesar de que ya carecía de competencias -su única misión es entregar el censo laboral a la Mesa- entregó un segundo documento corregido (sin el profesorado de la Escuela de Música, Danza y Teatro) a petición de la UGT. Tercero, la Mesa Electoral, porque publicó este nuevo censo laboral también fuera de plazo, el día 31 de mayo, una vez concluido el plazo de resolución de reclamaciones contra la lista provisional y una vez publicado el definitivo el día 23. De hecho, quedaba un día para que acabar el plazo de presentación de candidaturas. 

El magistrado comparte los argumentos del árbitro en cuanto que el Ayuntamiento "no puede, aún actuando de buena fe, sustituir las facultades de la Mesa electoral". "Menos aún cuando el nuevo censo se elabora a raíz de una reclamación efectuada por UGT", que entiende que cometió "pasividad" al haber "dejado que transcurriera el plazo estipulado sin formalizar una reclamación frente a la Mesa para que efectuara formalmente la modificación". La sentencia considera "extemporáneas" todas las actuaciones del Ayuntamiento y la UGT posteriores al 23 de mayo y la Mesa no debió tenerlas en cuenta. 

El proceso electoral para elegir a los representantes sindicales de los funcionarios también se encuentra en suspenso. En este caso, un laudo remitido en diciembre de 2023 por la árbitra del Centro de Mediación y Arbitraje de Cádiz, dependiente de la Junta de Andalucía, declaró la nulidad de las elecciones y ordenó repetirlo, igualmente, desde la publicación del censo. Lo hizo tras estimar una denuncia del sindicato CGT en representación de un trabajador objeto de una sanción disciplinaria, con suspensión de empleo y sueldo, que pedía su inclusión en el mismo para participar en el proceso. El laudo señala que el incumplimiento de la normativa en este caso "se tradujo en reducir o dificultar la posibilidad de articular una candidatura para poder concurrir así legítimamente a las mencionadas elecciones, lo que constituye una lesión grave de los derechos del sindicato impugnante".  

Los dos procesos electorales se desarrollaron de forma paralela desde el 16 de mayo. Los censos se publicaron el día 29, aunque estaba previsto que se hiciera el 23 de ese mes. Por error, quedaron al descubierto los datos profesionales de toda la plantilla municipal, conformada por alrededor de 700 personas. Los nombres completos de los empleados, sus fechas de nacimiento y de ingreso en el Consistorio y las categorías profesionales estuvieron accesibles para cualquier internauta durante cinco días -desde el 18 mayo hasta el miércoles 22- en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.

De momento, la representación de los trabajadores se mantiene conforme a la distribución de delegados resultantes de las elecciones sindicales de 2019.

Las votaciones del pasado junio depararon una amplia mayoría para el sindicato UGT tanto en la junta de personal (funcionarios) como en el comité de empresa (laborales). La junta de personal resultante de las votaciones estaría compuesta por once delegados de la UGT, uno de Comisiones Obreras y otro de UPLBA. En cuanto al comité de empresa, la representación del personal laboral correría a cargo de ocho delegados de la UGT y uno de CCOO.