La Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, ha hecho público este jueves el fallo por el que condena con diversas penas de prisión a 97 personas, integrantes del clan de los Castañas, por delitos que van desde el tráfico de drogas al contrabando, pasando por el de receptación y pertenencia a grupo criminal. A la espera de los previsibles recursos, este es el desenlace momentáneo del mayor juicio celebrado hasta la fecha en España por tráfico de drogas y que más impacto han tenido en los últimos años, con el procesamiento de 157 personas.

Antonio Tejón Carrasco, líder a la red, es sentenciado a seis años y medio de reclusión y al pago de 2 millones de euros de multa. Como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas y concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia, se le sentencia cinco años y medio de cárcel, y a un año y seis meses por pertenencia a grupo criminal. Se le absuelve de los delitos de receptación y de contrabando.

El fallo absuelve a 33 de los acusados de los delitos de tráfico de drogas, contrabando y receptación; a seis, de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, contrabando y receptación; y a siete de contrabando.

En la primera sesión del macrojuicio contra el clan, el 10 de abril de 2023, se escenificaron ya los acuerdos de conformidad de condena alcanzados entre la Fiscalía Antidroga y la defensas de 62 personas que se sentaban en el banquillo de los acusados. En esa sesión, el ministerio público retiró los cargos a veinte de los encausados. La vista oral siguió adelante con 75 acusados, varios de ellos declarados en rebeldía y con órdenes de búsqueda y detención.

Rebaja de condenas

El fallo rebaja de forma considerable la petición de condena de Antonio Tejón, para quien la Fiscalía Antidroga solicitaba las penas más graves por los delitos contra la salud pública, contrabando, pertenencia a organización criminal y receptación. Por todos ellos, se pedían para él 15 años y medio de reclusión.

Los acuerdos alcanzados por la Fiscalía con las defensas de los 62 acusados afectaron a delitos por contrabando, con penas finales de 3 años y 9 meses -en vez de los 5 años previstos en el escrito de acusación- y contra la salud publica (tráfico de drogas) de 4 años -en vez de los 6 años iniciales-, según fuentes judiciales consultadas por esta redacción.

La labor del OCON-Sur

La Fiscalía Antidroga de Algeciras, comandada por Macarena Arroyo, expuso durante la vista los hechos investigados por el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil -en la actualidad, ya disuelto- entre los días 26 de junio y 27 de agosto de 2020 en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y Málaga, donde se constataron varias operaciones de los Castañas vinculadas al narcotráfico.

“Se constata la existencia de un grupo de personas perfectamente organizadas que se dedican a la introducción de importantes cantidades de hachís por las costas del Campo de Gibraltar, procedente de Marruecos, todas ellas desempeñando una función necesaria e imprescindible que iba dirigida a tal fin delictivo”, subrayaba la Fiscalía en su escrito de acusación.

La investigación se centró inicialmente en la zona conocida como la Vega de Ringo Rango y en la calle Almadraba, en la barriada de Palmones, en Los Barrios, “donde los acusados desarrollan una incesante actividad de preparación de embarcaciones semirrígidas, gasolina, víveres y el resto avituallamiento necesario, como son GPS, teléfonos satelitales, trajes de neopreno, así como lugares de guardería tanto de las sustancias estupefacientes como de los vehículos y las embarcaciones semirrígidas”.

Tejón, líder desde la cárcel

Antonio Tejón, según el relato de la fiscal, dirigía toda esa estructura criminal desde la prisión, donde se hallaba en esos momentos en prisión preventiva por asuntos relacionados con el tráfico de drogas. A través de un lugarteniente, A.C.J., daba las instrucciones a su equipo de confianza, formado por quince personas.

Todos ellos “ejercían claras funciones de dirección, siendo los encargados de llevar a cabo todas las gestiones para la introducción de grandes cantidades de hachís, procedente de Marruecos, por vía marítima, usando embarcaciones de alta velocidad, de las consideradas como género prohibido, conforme a la Ley de Contrabando.

Eran estos acusados quienes se encargaban de coordinar todas las tareas de intendencia de la red: gestionar los acuerdos con los proveedores marroquíes para la adquisición de la droga, arrendar las naves y fincas donde primero ocultaban, acondicionaban y botaban las lanchas, fichar a las personas que se encargaban del avituallamiento de la gasolina y víveres de las embarcaciones, conseguir a lo pilotos, a las personas que servían como puntos de vigilancia, a las que conseguían los vehículos de carga -en muchas ocasiones, sustraídos- así como a los conductores y, finalmente, a las personas que descargaban la droga y guardarla.

Inicialmente, las penas propuestas por Arroyo sumaban 2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas, lo que da una idea de la importancia de las actividades ilícitas del clan, si bien esas cifras se ven rebajadas en el fallo.